El título hace referencia al filme uruguayo "Mal dia para Pescar", inspirado en el cuento de Juan Carlos Onetti "Bienvenido Bob"
Mal día para transparentar
Ahora que todo parece
indicar que la designación del próximo ministro de la Suprema Corte de Justicia
se hará siguiendo el criterio de la antigüedad en el cargo de los Tribunales de
Apelaciones, es bueno repasar algunos de los argumentos que se pusieron en
juego durante los últimos días por parte
de actores políticos y de la sociedad civil sobre el procedimiento y las
valoraciones de la propuesta del gobierno.
De una parte, un
conjunto de opiniones de diversas organizaciones han puesto de manifiesto que
la elección de quien ocupe la silla vacante se ha hecho siempre en el marco de una total opacidad,
contrastando así con las bondades de aquellos sistemas en que se hace un debate
público acerca de las concepciones jurídicas (e inevitablemente ideológicas)
que tienen los candidatos, que son sometidos a interrogatorios en instancias
parlamentarias. Hay también sistemas en que los “candidatos” (nunca mejor
llamados) deben reclutar voluntades, firmas o votos a efectos de contar con
niveles de apoyo que legitimen su postulación.
El absolutamente
compartible reclamo de trasparencia en los procedimientos de designación de
quienes se sitúan en la cúspide de uno de los poderes del Estado de Derecho no
debe soslayar las particularidades del caso, que hace que las cosas no sean tan
sencillas de discernir. Lo que puede ser bueno para elegir gobernantes puede no
serlo para designar jueces, y en lo fundamental, deben salvaguardarse ciertas
garantías para quienes deberán desempeñar
su cargo con imparcialidad y sin compromisos con grupo de interés alguno.
Por otra parte, no
debería confundirse la opacidad del actual sistema con la debida reserva, ya
que la saludable transparencia puede
mutarse en manos irresponsables y demagógicas en afectaciones graves a la
trayectoria y la significación que pueden ostentar los jueces que legítimamente
aspiren a cumplir su compromiso con la justicia en las máximas
responsabilidades institucionales.
Algo de esto ha
ocurrido en el reciente debate, que exhibió el nombre de la Dra. Rosina Rossi
como indicación del partido de gobierno, que tenía la prioridad para
proponer, y que luego de una inicial
aquiescencia del resto de los partidos, fue llamativamente rechazada por el
Partido Nacional bajo la infundada razón dada por alguno de sus voceros, de “debilidades en su currículum”, de estar
en el lugar 14 en la lista de méritos del Poder Judicial (a lo que cabe aclarar, por nuestra parte, que
es una lista de calificada por la antigüedad, no por el mérito, como
erróneamente se dice) o de ser demasiado militante (¿de quien? ¿de qué partido,
sector o secta? El legislador no lo aclara).
La referida juez es
docente de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de la
República y del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (Escuela Judicial), y
por muchos años, miembro de su dirección
en representación de la Facultad de Derecho. En su actividad judicial, es miembro del Tribunal de Apelaciones del
Trabajo de 1er turno, donde se ha destacado nítidamente por sus posiciones
apegadas a los enfoques centrados en los Derechos Humanos en su dimensión
social mediante la aplicación directa de los instrumentos internacionales en
esa materia y por concebir al derecho
del trabajo en su sentido humanista y protector siguiendo así la mejor doctrina
uruguaya, que ha sido reconocida internacionalmente. La propia Suprema Corte de
Justicia designó, en su momento, a la juez Rossi para integrar la comisión de
redacción de la reforma procesal laboral, una medida que, sin mengua de las
garantías, disminuyó considerablemente los plazos de duración de los procesos
laborales de diecisiete meses en primera
instancia (año 2004, con 4609 asuntos) a seis meses en promedio ((2014, con
6715 asuntos), según datos de la pagina web del organismo.
En lo fundamental, la
impugnación de la magistrada deja a la Suprema Corte de Justicia, una vez más,
sin integrantes que provengan de la vertiente del Derecho Social (del trabajo,
en este caso), en un organismo consuetudinariamente hegemonizado por
concepciones privatistas y civilistas, muchas veces a contrapelo de la
evolución del “tiempo de derechos” que pretende instalarse.
La publicidad de los
argumentos vertidos en el debate sobre la designación de los jueces no asegura
de ningún modo la trasparencia de las razones últimas de los actores (que
pueden ser inconfesables), y nos pone frente al riesgo (no digo que sea el
caso) del inolvidable relato de Mark Twain cuando en “Decadencia del arte de
mentir” reclamaba al menos elegancia a la hora de no decir la verdad.
* Profesor Titular de
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la
Universidad de la Rep{ublica
