Todavía no ha tenido
la difusión que merece la próxima reunión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, que sesionará en Montevideo, en audiencias públicas, los dias
23 y 24 de octubre. Del conjunto de temas a tratar, figuran al menos dos que
tienen vinculación con los derechos de las personas que trabajan – o sea, la
mayor parte de la gente – como son la reforma laboral brasileña y el
hostigamiento a jueces laborales y abogados defensores de trabajadores en
Argentina.
Corresponde destacar
la importancia que reviste el
tratamiento de los temas laborales por el sistema interamericano de protección
de Derechos Humanos, que desde su inicio tuvo que concentrar sus desvelos en la
prioridad acordada a los derechos civiles y políticos y que recién a partir e
2001 produce un giro con el pronunciamiento de la Corte Interamericana en el
caso Baena y otros contra Panamá, que recomienda el reintegro de 270
trabajadores estatales que habían sido despedidos en razón de haber participado
en una marcha.
Ahora es la Comisión,
un órgano cuya función principal es promover la observancia y la defensa de los
derechos humanos y servir de órgano consultivo de la OEA en esta materia, la
que convoca a los gobiernos de Argentina y Brasil para que comparezcan y en
audiencia pública presten sus explicaciones ante las denuncias que le imputan
sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil.
En relación a los
casos en debate, el más conocido es el brasileño, ya que la reforma laboral
adoptada a mediados de este año y que entra en vigor el próximo mes, modifica
más de 100 disposiciones de la Consolidación de Leyes del Trabajo - una especie
de código que reglamenta las relaciones laborales - ampliando los márgenes de flexibilización
horaria y promoviendo la negociación directa
de condiciones de trabajo entre el empleador y el trabajador, dando así
oportunidad a una mayor incidencia del poder económico y social del primero en una relación desigual por
definición.
Menos conocida ha
sido hasta el momento la situación Argentina que se denuncia. Los proponentes
destacan la existencia de un conjunto de acciones de los poderes públicos en
ese país que procuran estigmatizar,
desacreditar y criminalizar la labor de los defensores de los Derechos Humanos
y quebrantar la independencia del Poder Judicial en el fuero laboral, con un
objetivo claro, indican, de alterar drásticamente los derechos de los trabajadores, haciéndoles
perder toda eficacia.
En concreto, se
denuncia que el gobierno argentino
promueve, de manera indirecta, la remoción de magistrados laborales a través
del Consejo de la Magistratura, un
organismo con representación de los órganos políticos vinculados al Poder
Ejecutivo, que formula una acusación ante un jurado de enjuiciamiento por las
causales de mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones o crímenes
comunes.
La amenaza se ejerce
sobre cuatro jueces laborales que integran la
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y una jueza de Primera
Instancia de la Justicia Nacional del Trabajo. Los magistrados han actuado en
asuntos laborales que han involucrado en ocasiones a entidades públicas,
imponiendo condenas en reclamos laborales o decretando medidas cautelares.
El avance sobre el
Poder Judicial, que conculca garantías básicas del sistema democrático liberal,
no debe ocultar que lo pretendido es, en lo esencial, modificar la orientación de la jurisprudencia
laboral, la que estiman favorecedora del interés de los trabajadores. Los bien
pensantes liberales, que siempre confrontaron toda forma de intervencionismo
estatal en la reglamentación del trabajo,
no parecen ahora inquietarse ante este nuevo tipo de intervencionismo,
que para despejar el campo a la economía de mercado afecta gravemente la
independencia de la magistratura, justamente uno de sus dogmas básicos.
En el fondo, se trata
de trastocar el sentido mismo de la protección social de quien trabaja de
manera dependiente, ya sea mediante un cambio radical en las normas, como en el
caso de Brasil, para ir a un sistema más permisivo del ejercicio del poder
empresarial, o a través de un debilitamiento de la aplicación de esas normas
mediante la afectación de la independencia de los jueces laborales que deben dirimir conflictos surgidos en esas
relaciones faltas de equilibrio.
La ofensiva
institucional con la amenaza de remoción se complementa con una estrategia
igualmente agresiva en la opinión pública.
El Presidente Macri
ha hablado de “La mafia de la industria del juicio
laboral" que "Le ha hecho un daño gigantesco a la Argentina,
condenando a las empresas a cerrar, y "Esas son las cosas que tenemos que
combatir. Porque después claro, quien va a tomar gente si están condenados a
que lo destruya cualquier tipo de causa que se le inventa. Entonces creo que
son desafíos que todos los días tenemos que dar, y los estamos dando, y
hoy estamos en el Consejo de la Magistratura intentado nombrar nuevos jueces
laborales para que realmente aumente la inversión en Argentina".
Tanta
sinceridad naïf conmueve: ¿nombrar jueces para que aumente la inversión? No
hemos encontrado en la Constitución la norma
que prescriba que la función del
Poder Judicial sea la de constituirse en motor de la economía de mercado. Por
si fuera necesario, en otra oportunidad ha dicho el Presidente que la justicia
laboral "destruye la
generación de empleo futuro” (…) Los jueces laboralistas (...) le han hecho
mucho daño a la Argentina".
Lo dicho: un despliegue de maldad
insolente. Es que los gobiernos vecinos parecen tener clara la disyuntiva:
flexibilizar o no aplicar las normas, esa es la cuestión.
(publicado en el periódico La Diaria, de Montevideo, hoy 21 de octubre)
