(nota aparecida hoy
en el periódico La Diaria sobre la iniciativa de reforma constitucional "Vivir sin miedo")
Fue
noticia en los medios de la semana pasada la decisión del Consejo de la
Facultad de Derecho de no pronunciarse sobre el proyecto de Reforma Constitucional
promovido por un sector del Partido
Nacional tendiente a crear una Guardia Nacional, asegurar el
cumplimiento efectivo de las penas para ciertos delitos, imponer la cadena perpetua revisable para determinados
delitos y permitir los allanamientos nocturnos.
La
mayoría que votó negativo el tratamiento del tema se conformó con las
agrupaciones docentes Pluralismo y Espacio Docente Independiente y las de
estudiantes y egresados Corriente Gremial Universitaria. Votaron en minoría, a
favor de discutir y pronunciarse sobre la iniciativa de reforma, el Frente
Zelmar Michelini en estudiantes y egresados, y las agrupaciones docentes Por
los Principios Universitarios y Movimiento Universitario Renovador.
Antes
de eso, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República había
decido someter a los servicios la
consideración del asunto a efectos de
“impulsar, organizar y apoyar la realización de actividades que permitan un
pronunciamiento adecuado en el
referéndum para la reforma Constitucional impulsada bajo la consigna “vivir sin
miedo” (…) solicitar a los servicios que comuniquen a la Comisión Ad hoc y a
este Consejo las actividades que vayan a realizar sobre la referida Reforma
Constitucional con el fin de colaborar en su difusión” y “exhortar a los
Servicios que aún no se han pronunciado a que discutan el proyecto en sus
respectivos Consejos o Comisiones Directivas”.
La
resolución del Consejo de la Facultad parece revelar una especie de incomprensión
de la dimensión central que tiene una reforma constitucional en un ordenamiento
jurídico, en tanto se dirige a modificar
el máximo instrumento normativo que regla las relaciones entre los poderes y el
funcionamiento de la institucionalidad democrática, amén de reconocer los derechos fundamentales de las
personas.
Quedar
al margen de todo entendimiento sobre un proyecto de esa magnitud por
considerar, como argumentó la mayoría, que su contenido es “político” (¿hay algún
sesgo del Derecho que no sea político, o sea, que no configure un cierto
direccionamiento axiológico? ¿es el Derecho pura forma, desvinculada de cualquier
contenido?), y recostarse en un desmedido afán aséptico termina, quizá sin
quererlo (¿), dirimiendo las posiciones en
favor de una aceptación pacífica de las propuestas reformistas, en tanto quedan
sin ser confrontadas críticamente con mediaciones jurídicas indispensables.
Por
otra parte, la resolución no solamente deja a la Facultad de Derecho por fuera de un debate nacional en el que era
su deber aportar un punto de vista jurídico en disciplinas tan sensibles y
esenciales como el Derecho Constitucional,
el Derecho Penal y los Derechos Humanos, sino que ese mutismo y auto confinamiento priva a
la sociedad de una perspectiva calificada y única y robustece cierta
marginación e inoperancia que sufre Derecho en el concierto de la política
universitaria.
No
es menos preocupante la señal que da el máximo órgano de conducción de la
Facultad desde el ángulo de la enseñanza
del derecho, ya que el concepto que parece emitir es concebir el mundo de lo
jurídico como un artefacto descontextualizado y disociado de toda peripecia humana.
Cualquier
opinión a favor, en contra o cualquier matiz
respecto del proyecto de reforma constitucional hubiese sido preferible
a la opción asumida de no pronunciarse. Nadie se habría escandalizado por vivir
y decir sin miedo lo que se piensa.
