Hugo Barretto Ghione
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social de la Universidad de la República
publicado en La Diaria: https://ladiaria.com.uy/opinion/articulo/2024/11/ausencias-y-continuidades-en-las-propuestas-laborales-del-programa-gobernar-entre-todos/
En
su momento llamó la atención de analistas y actores sociales del mundo del
trabajo la falta de propuestas - y consiguientemente de debate – sobre la
temática laboral en la campaña electoral que culminó en octubre, y muchos se preguntaron si la causa de esa
omisión se debía a un olvido, un descuido o lo que es peor de todo, a una
minusvaloración.
Algunas
de las razones que inicialmente se ensayaron para explicar esta y otras ausencias
del discurso político consistieron en atribuir, o mas bien achacar, al
plebiscito de reforma constitucional sobre seguridad social haber monopolizado la palabra en lo social y
laboral, ocluyendo toda posibilidad de abordar otros asuntos de interés para la
ciudadanía electora.
Otras
opiniones más escépticas vieron en esa falta de tratamiento la existencia de motivos
más profundos, relacionados con la crisis del significado del valor social del trabajo para la vida de las personas y su
menor capacidad definitoria de las identidades individuales y colectivas. En
estas interpretaciones el sentido tradicional del trabajo estaría atenazado entre
la diversificación de modalidades laborales que quiebran y fragmentan la
homogeneidad de la categoría de los asalariados y por una ingente informalidad y
precariedad de los empleos.
El
primero de los factores señalados se ha vinculado a las mutaciones en la naturaleza
del trabajo, que progresivamente va evolucionando desde la transformación de la
materia (propio de la economía industrial) hacia una progresiva des/materialización
y automatización de las labores. Así, las características típicas de la
relación laboral (trabajo operado en favor de un empleador a cambio de un
salario fijo, realizado en el local de la empresa, durante un horario limitado,
bajo subordinación) en parte se difuminan y en parte se sofistican, como ocurre
con el control sobre el desempeño de quien trabaja, que lejos de desaparecer
como muchos pretenden, se intensifica mediante la gestión algorítmica.
La
experiencia de la pandemia dejó en evidencia, además, que muchas tareas
consideradas “menores”, siempre mal remuneradas y a menudo informales, resultaban
absolutamente claves para la sostenibilidad social, fundamentalmente para
personas en situación de vulnerabilidad, en una obligada revalorización de los
trabajos de transportistas de pasajeros, repartidores, auxiliares de enfermería
y de limpieza, entre otros.
Por
otro lado, el concepto de trabajo va ampliando su alcance trascendiendo el
remunerado, incorporando componentes que tradicionalmente descansaban en
estereotipos de género como el caso de los cuidados, todo lo cual comporta una reconfiguración
todavía difícil de percibir con claridad.
En
medio de esas complejidades nos asalta la lectura del programa “Gobernar entre
todos” de la Coalición Republicana, que pone fin a la espera de un proyecto
común alternativo al que había formulado desde la oposición el Frente Amplio.
El abordaje
del mundo del trabajo se efectúa en el capítulo 5° del programa, denominado “El
trabajo y la seguridad social para el siglo XXI”, en el que se reconoce que
“Las relaciones laborales configuran un elemento muy importante del
funcionamiento social de un país y se encuentran inescindiblemente asociadas a
su desarrollo económico”, ante lo cual agrega que “renovamos el compromiso de
continuar promoviendo la negociación colectiva en todos los sectores de
actividad y de buscar la modernización de las relaciones laborales.”
En
cuanto a los desafíos, señala como tales “el acceso al mercado de los jóvenes”
y dos grandes tendencias globales, que identifica como “la transición
demográfica hacia una población más envejecida y el constante avance
tecnológico.”
Estos
señalamientos demográficos y tecnológicos omiten toda referencia a otros
procesos en curso, que presentan una potencialidad transformadora de mayor calado
desde lo cualitativo y que además, se articulan con procesos de cambio cultural
que impactan la sociedad toda.
El
enfoque de género aplicado al trabajo y el deterioro progresivo del medio
ambiente constituyen esas dimensiones trascendentes ausentes del programa
republicano.
El
primero hace a la diversidad de las personas y al lento tramontar de rémoras
culturales de dominio y de estereotipos en el trabajo, pero a pesar de esta
relevancia la palabra “género” no aparece siquiera mencionada en las treinta y
tres páginas del programa; y en cuanto a lo ambiental, la temática hace a la
finitud del mundo en que vivimos y la irreversibilidad del daño ocasionado.
A
contrapelo de esta omisión, va ganando trabajosamente espacio en diversos
ámbitos políticos, sociales y académicos a nivel nacional e internacional la
conciencia de que retos medioambientales como el cambio climático, la
contaminación y el descenso de la biodiversidad requieren de transiciones hacia
economías y sociedades más ecológicas y de una gestión de los recursos
naturales de forma sostenible que se vincule con el objetivo de la justicia
social, la cuestión de la desigualdad y las diferencias de género. Por ello las
políticas laborales de género y ambientales no alcanza con incluirlas en un capítulo de un programa (lo que justamente
no hace “Gobernar entre todos”) sino que además son un componente transversal de
toda propuesta que se pretenda modernizadora en serio.
Tan solo en
el capítulo 21 sobre políticas ambientales aparece fuera del contexto laboral una
mención genérica a la implementación de una “mayor sostenibilidad de actividades productivas y de
servicios con la participación de los sectores privados y académicos.”
En cuanto al desafío tecnológico, el programa expresa que “continuaremos promoviendo la aprobación a nivel parlamentario” del “proyecto que tutela la protección a los trabajadores que ejecutan tareas de entrega de bienes o transporte urbano y oneroso de pasajeros a clientes, vinculados a través de plataformas digitales.”
El
proyecto de ley a que refiere el programa es el remitido por el Poder Ejecutivo
al Parlamento Nacional y que fuera objeto de variadas críticas, fundamentalmente
por prescindir de toda previsión al tema verdaderamente sustantivo que es la
calificación del vínculo entre la empresa que utiliza plataformas y el
prestador de trabajo.
El
texto adolecía de la peor de las soluciones, como era confiar en la
calificación de dependiente o autónomo que pudieran hacer contractualmente las
partes, abandonando así al prestador de servicios al albur del poder de la
empresa titular de la plataforma. Ni siquiera se decantaba, como sucede en legislaciones
extranjeras, por proveer de una serie de indicios (como el sometimiento a
directivas y controles, el poder de cancelar o desinstalar de una aplicación de trabajo, la facturación única y
periódica, el cumplimiento de horarios extensos aunque discontinuos, la
fijación de las tarifas por la plataforma, etc) para que un decisor judicial pudiera
tomar una determinación sobre la existencia de una relación de dependencia, a
modo de cómo se ha resuelto en la Unión Europea. Resultaba asimismo inexplicable
que el proyecto dispusiera que el salario aplicable fuera el mínimo nacional,
cuando es aceptado por todos que el método de fijación de las remuneraciones
para la actividad privada es a través de los Consejos de Salarios.
El segundo
plato de compromisos que “Gobernar entre todos” ofrece es insistir con otro proyecto
de ley del Poder Ejecutivo que afortunadamente no tuvo en estos años progreso
legislativo, como fue el relativo al acoso y violencia en el trabajo, que
contenía disposiciones contrarias al Convenio Internacional del Trabajo núm.
190, ratificado prontamente por nuestro país al poco tiempo de su adopción por
la OIT.
