Productores
rurales que se denominan “autoconvocados” vienen realizando movilizaciones de
diverso tipo en reclamo de la mejora del tipo de cambio del dólar, la reducción
de la plantilla de funcionarios públicos y otros recortes del gasto, la
disminución del costo del combustible, etc. El reclamo ha sido apoyado por las
principales organizaciones empresariales del Uruguay, incluyendo la industria,
el comercio, el transporte, etc. Lo que sigue es una nota de opinión publicada
en el dia de hoy en el matutino La Diaria de Montevideo, sobre otros costados
que aparecen en la movilización empresarial.
Es lo mismo pero no es igual
La movilización de
productores rurales “autoconvocados” que en estos días ocupa parte de la
atención de los medios de comunicación, de los gremios y del gobierno, parece por momentos sumida en una cierta acumulación
de objetivos o reclamos de distinta índole que conviene discernir. Desde una
parte de los sectores involucrados se ha tratado de centrar la cuestión en el discurso sobre la falta de rentabilidad y lo
gravoso de la carga impositiva, pero esos postulados que pretenden ordenar y
racionalizar la plataforma coexisten con propuestas y puntos de vista que,
amplificados por la utilización de las redes sociales – esa especie de asamblea
virtual de gremialistas - permiten
conocer con más detalle y profundidad las mentalidades y concepciones de fondo
que emergen con llaneza casi naif.
Aparecen así una panoplia de referencias críticas a las políticas sociales que
implementa el gobierno dichas de la peor manera - por su tono discriminador a
los beneficiarios - y hasta no ha faltado
la explicitación de prejuicios con los inmigrantes de origen centroamericano
radicados recientemente, que se parecen demasiado a las posiciones formuladas
por ciertas corrientes ideológicas europeas ultranacionalistas. Lo
caricaturesco de estas expresiones, que mueven más bien a la risa y el olvido,
no debe ocultar que su irrupción en la sociedad uruguaya, tan liberal y
pluralista como parece, deja desnuda la eventual existencia de resabios del pasado en sectores de la
población que son mayormente apoyados en sus reclamos por los partidos de la
oposición.
En estas múltiples derivaciones
que presenta la reacción de parte de los
productores figura una que merece un comentario con particular detenimiento.
Se trata de la propuesta que
en algún momento se hizo valer en las asambleas de productores de realizar piquetes en la vía pública. A juicio de esos
gremialistas, se estaría ante una acción
similar a la que efectúan – esporádicamente, porque no son habituales, contra
todo lo que parece - las organizaciones sindicales en ocasión de la huelga.
Si bien la ejecución de la
medida por los productores no se
materiallizó y al parecer la idea ha perdido entidad – pese a que no queda
claro el alcance que tenga la “vigilia” que se anuncia – no conviene dejar de
advertir este acto de verdadera prestidigitación que hace que una medida típica
de resistencia y lucha de los asalariados pase a manos de los propietarios o
empleadores.
Hay por quienes sostienen
esta posibilidad una incomprensión básica de la finalidad que se les reconoce a las
distintas organizaciones sociales o intermedias y de las reglas que regulan su funcionamiento.
En principio, debe concordarse en que es elemental para el sistema democrático contar
con la existencia de organizaciones
intermedias entre el individuo y el Estado, de modo que a través de ellas el
ciudadano pueda postular y defender los derechos e intereses que tiene como
participante de ciertos colectivos no solamente gremiales y sindicales, sino también religiosos, ambientales, regionales,
mutuales, etc.
En el marco de la legalidad,
esas organizaciones contribuyen a dotar
a la persona de un sentido muy fuerte de pertenencia e identidad con su entorno
más inmediato, y sin recaer en corporativismo alguno, aportan dinamismo y una forma
genuina de representación sectorial.
Una mirada muy lineal podría
llevar a sostener que las distintas organizaciones, como pueden ser los productores (o sea, empleadores o
empresarios) y los sindicatos, cuentan
con instrumentos similares para patrocinar y sostener sus aspiraciones. Así, en la superficie, parece
lo mismo un piquete aplicado por los productores/empresarios en una ruta que otro
implementado por empleados
sindicalizados en la puerta de la planta industrial.
Efectivamente, es “lo mismo”,
si lo vemos desde el plano de la actividad que desarrollan: los activistas en
uno y en otro caso ocupan el espacio público e informan en general acerca de sus reivindicaciones, o incluso pueden, como dice el Comité de
Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo en relación a
las organizaciones de trabajadores, “incitar abierta, pero pacíficamente, a los
demás trabajadores a no ocupar sus puestos de trabajo” , aunque sin
obstaculizar de ningún modo su ingreso. En este margen, el piquete “no puede
ser considerado como acción ilegítima”, dice la OIT.
Hasta aquí el dato objetivo:
observado el fenómeno en su facticidad y sin otra consideración, es “lo mismo” una
movilización o piquete en tanto lo ejecute un sindicato o una gremial u
organización de empleadores
autoconvocados.
Pero siendo lo mismo, no es igual.
En todos los casos la OIT ha estimado
que el piquete es una modalidad de la huelga, sujeta en consecuencia al
marco normativo que corresponda en cada
país y en las condiciones que establecen sus pronunciamientos. Pero el
organismo no hace referencia alguna a las acciones gremiales que puedan patrocinar
las organizaciones de empleadores, como son los productores.
Hay una razón de fondo que explica que no deba recibir un
tratamiento igualitario una movilización de sindicatos y una de productores/empleadores
como la que se ha planteado en estos días.
Para ello debe repararse en
la finalidad específica de los sindicatos y del tipo de representación que
ejercen: constituyen una asociación de quienes deben comprometer su trabajo a
favor de otro para obtener su sustento y por esa circunstancia ocupan una
posición de subordinación en el plano económico que los hace individualmente vulnerables frente a las imposiciones de
condiciones de trabajo y medidas disciplinarias que pueda aplicar quien está
ubicado en una posición de empleador.
Toda la estructura legal montada
“a favor” del trabajador - fijación de salarios mínimos, limitación horaria, y
en lo que hace al tema de hoy, libertad sindical y medidas de acción gremial – tiene como fundamento último esa radical diferenciación existente entre los sujetos que trabajan de manera
subordinada y los que revisten como empleadores, acordando a los primeros una
especie de “contrapoder” de tipo colectivo de reconocimiento constitucional e
internacional como derecho fundamental.
Como contrapartida de esa
diferenciación económica, social y en ocasiones, cultural, el Estado constitucional en todas partes ha reconocido instrumentos de presión - como la
huelga en todas sus modalidades, que incluye movilizaciones y piquetes
pacíficos - que no pueden ser
transpuestos mecánicamente a otros
colectivos sociales como son las organizaciones de productores, sean prósperos
o en crisis. Esos medios de acción gremial propios de los sindicatos no han
sido graciosamente obsequiados por el aparato jurídico, sino que debieron ser
trabajosamente conquistados en uno de
los capítulos más dignificantes de la historia social contemporánea. Son
instrumentos de autodefensa laboral en pugna con la mercantilización del
trabajo.
El Estado Social del siglo
XX a partir de las constituciones de Querétaro (1917) y Weimar (1919) y en nuestro
caso, la Constitución de 1934, quebró la
igualdad formal de todos los ciudadanos cuando reconoció ciertos derechos – la
libertad sindical, fundamentalmente – a
favor de aquellos que, siendo iguales en el plano civil y político, debían en
el orden económico trabajar de manera subordinada y ponerse a la orden y bajo
el poder del empleador.
Por ello no tiene nada de
transgresor al orden institucional la realización de huelgas y piquetes por
trabajadores dentro del marco normativo vigente, y en cambio la realización de
piquetes por empresarios/productores debe ser medida con un rasero distinto, mucho más riguroso. No tienen necesidad alguna
de compensación porque el poder económico que ostentan es suficiente y muchas
veces exorbitante.
El desconocimiento supino tanto
del dato social esencial, como es la posición “subalterna” del trabajador en la
producción y en el mercado, como de la especificidad que por esa causa se le
reconoce para la protección y garantía de sus derechos en el constitucionalismo
social moderno, provoca la confusión que
adolecen quienes entienden que los medios de acción gremial deban ser “iguales”
para “todos”, sean trabajadores o empleadores.
Ubicados en esta
racionalidad, poco importa si concurren a sus asambleas y movilizaciones en 4 x
4, como se ha ironizado. Podrían ir a pie, y nada cambiaría. Pero si vamos a hablar
de igualdad con los trabajadores deberíamos empezar por otro lado, que no
parece ser el favorito de los autoconvocados.
