Hugo Barretto Ghione*
nota de opinión publicada en La Diaria. Puede verse en:
https://ladiaria.com.uy/opinion/articulo/2020/10/decreto-sobre-ocupaciones-extranos-en-el-living/
La crítica del decreto sobre
desalojo de trabajadores que estuvieran ejerciendo su derecho de huelga con
ocupación del local de trabajo[1] desató al menos dos tipos
de reacciones (este doble significado de “reacción”, ¡que deliciosa ambigüedad
de las palabras!) en los medios de comunicación.
Desde nuestro punto de vista,
habíamos señalado que al habilitarse la desocupación incondicionada de los
locales de trabajo, el decreto extralimitaba su alcance, puesto que los
dictámenes de la OIT y el art. 392 de la ley de urgente consideración solo
admitían tal medida para el caso que la huelga dejara de ser pacífica o impidiera
la libertad de trabajo y el acceso de los directivos de la empresa al establecimiento.
Por otra parte, observábamos también que el decreto rompía el equilibrio de las
partes en el conflicto, dado que deberían ingresar al mecanismo de conciliación
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de manera desigual: los trabajadores
con la huelga restringida, y el empleador, por el contrario, manteniendo
incólume la medida que hubiera dado motivo a la controversia.
Esta argumentación, que podía
haber sido un aporte para la discusión sobre las formas de administrar el
conflicto laboral, generó sin embargo respuestas sorprendentes.
En un caso, el doctor Ricardo
Reilly, ex Ministro de Trabajo y Seguridad Social del gobierno de Luis Lacalle
Herrera expresó en un artículo en el diario El País que “la posición de la
central sindical – principal nucleamiento proselitista del Frente Amplio que
normalmente responde al partido comunista y otras agrupaciones afines – es
“ideológica” (léase “irracional”). Y, cuenta con abundante doctrina jurídica
laboralista – el derecho que escriben los profesores – que le respalda. No se
dice que “estos” profesores suelen renguear de la misma pata política que los
sindicalistas”.
Casi habíamos olvidado de este
tipo de discurso cerril, cercano al empleado en la dictadura militar, donde
ante la menor diferencia de opinión en materia política se señalaba al otro
como comunista. Esta caricatura del ex ministro herrerista – que ahora incluye
a los profesores de Derecho del Trabajo como sospechados – revela sobretodo una
nula voluntad de diálogo racional y un desapego por el juego deliberativo de
opiniones, amén de recordarnos el tipo de mentalidades que condujeron la
política laboral en nuestro país en los años noventa del siglo pasado.
La otra reacción provino del
gerente jurídico de la cámara de comercio y servicios del Uruguay, que
ejemplificó la medida de huelga con ocupación del lugar de trabajo con una
imagen digna de Ionesco: “vienen cinco gordos, se meten en su living” dijo a
los periodistas de El Espectador que le entrevistaban. Impunidad del lenguaje, férrea
concepción patrimonialista y menosprecio por los derechos de las personas que deben
trabajar bajo dependencia (de los dueños del living) parecen ser los carriles
por donde transitan estos encares del pensamiento empresarial.
El decreto del 15 de octubre del
gobierno pone el foco en la facilitación de la represión, cuando era de esperar
que el contexto de la situación del empleo y la crisis hubiera generado
iniciativas que abrieran mayores espacios para el diálogo social. Por lo visto,
tiene personal político y empresarial afín a sus posiciones, aunque las
sustentan de la peor forma. Los gordos y los profesores laboralistas
preferiríamos discutir de otro modo.
* Catedrático de
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la
Universidad de la República
