Declaración
sindical ante VII Foro Regional Empresas y Derechos Humanos
Bogotá,
13 de julio de 2022
La Confederación Sindical de trabajadores y trabajadoras de
las Américas (CSA), expresión regional de la Confederación Sindical
Internacional (CSI), que representa a más de 55 millones de trabajadoras y
trabajadores en el continente, junto a las centrales nacionales presentes, saluda
la posibilidad de expresar nuestras voces en el VII Foro Regional de Empresas y
Derechos Humanos, planteando nuestras preocupaciones, críticas y propuestas
sobre el tema que nos convoca: el respeto a los derechos humanos por parte de
Empresas y desde nuestra principal preocupación, las empresas Transnacionales
(ETN).
Partimos del reconocimiento de que el respeto de los derechos
humanos es una obligación de los Estados, de las instituciones públicas y
privadas y de las personas, en cumplimiento de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Las entidades jurídicas, como las Empresas, hacen por tanto parte
de esta obligación. Todas las Empresas tienen la responsabilidad de contribuir
al desarrollo y de respetar los derechos fundamentales del trabajo de sus
trabajadoras y trabajadores, en base a las normas internacionales del trabajo, de
no deteriorar el ambiente donde se instalan y respetar las tradiciones y
condiciones de vida de las comunidades que allí habitan.
Como organizaciones sindicales somos vigilantes de la forma
en que los derechos laborales y humanos no son respetados en nuestros países,
donde las Cadenas Globales de Producción, principal forma de organización de
las empresas transnacionales, mantienen y se lucran mediante la desregulación
laboral y ambiental, del trabajo en condiciones de informalidad y precariedad,
profundizando el rol de nuestras economías como proveedoras de mano de obra
barata y materias primas en el mercado internacional. Los Trabajadores que
forman parte de un eslabón importante de la cadena son los que enfrentan peores
condiciones de trabajo. Denunciamos las diversas formas de abuso y violación
que vulneran, entre otros, los derechos a la vida, al agua, a un ambiente sano,
a la organización, a un trabajo digno.
El mundo está saliendo parcialmente de un período de
aislamiento generado por la pandemia de COVID-19 y aun enfrenta las
consecuencias de la crisis de la salud, económica, social, ambiental. Las y los
trabajadores asumimos la mayor parte de los costos de esta crisis: enfrentamos
pérdida de empleos, caída en los salarios, violencia y acoso, desconocimiento
de nuestros derechos, reducciones de la protección social y la continuidad de
las políticas de privatización de los sistemas de seguridad social, muchas
veces en complicidad entre empresas y Estados, que no han cumplido con su rol
como garante de derechos.
Ahora estamos ante un conflicto armado en Europa que se suma
a los múltiples conflictos a nivel mundial, pero que toma características de
impacto a nivel global, dada su localización y los países que están
involucrados. Este conflicto está enmarcado en la disputa de las potencias por
controles políticos, económicos y militares de los mercados y las materias
primas. Tanto en la pandemia como frente a los conflictos armados, observamos
como son las Empresas Transnacionales las que se benefician de las crisis.
Fueron las ETN farmacéuticas las que no facilitaron el acceso a pruebas y no
compartieron las patentes de las vacunas para atender al conjunto de la
población mundial en menor tiempo, pese a los excesivos subsidios de dineros
públicos que recibieron y contrario a las demandas del sindicalismo
internacional. Fueron las aerolíneas transnacionales y los bancos las que
recibieron los mayores montos de subsidios por parte de los Estados. Hoy son las
empresas de construcción de armamentos y de seguridad, las ETNS de energía y
commodities las que lucran frente a una crisis que toma dimensiones globales y
amenaza la seguridad alimentaria y energética a nivel mundial. En el futuro no
se puede repetir esta tendencia a privatizar los recursos públicos destinados a
derechos básicos, como la salud.
Al mismo tiempo, enfrentamos una crisis de carácter global
que pone en riesgo la posibilidad de la vida humana como la conocemos: la
crisis ambiental. Desde el sindicalismo de las Américas aportamos a la búsqueda
de soluciones a esta crisis con nuestra propuesta sobre transición justa, que
consideramos una reivindicación transversal, reconociendo la necesidad y la
urgencia de un cambio estructural hacia un modelo que ponga la vida y el
trabajo en el centro. Nuestra propuesta de Transición Justa pone en discusión
las falsas soluciones que las empresas transnacionales y los gobiernos de las
grandes potencias pretenden imponernos en un escenario de transformaciones múltiples
y aceleradas. Rechazamos la captura del concepto y significado de “transición
justa” por empresas transnacionales como forma de maquillar sus actividades
extractivas y de violación de los derechos laborales.
Reivindicamos la PLADA como instrumento político programático
de referencia del movimiento sindical de las américas para la promoción de un
desarrollo sustentable en los países que beneficie al conjunto de la sociedad.
Ante estos desafíos, reivindicamos y demandamos el
cumplimiento por los Estados de su rol como garante de derechos. Su
responsabilidad es frente a la ciudadanía. Ello exige una estructura fiscal que
permita cumplir con esas obligaciones, en particular, con las prestaciones
derivadas de los derechos sociales de las personas, como el derecho al trabajo,
a la vivienda, salud y educación, razón por la cual adquiere una dimensión
gravitante la responsabilidad de las Empresas Transnacionales del cumplimiento
de sus deberes fiscales.
Aún más, el Estado debe reparar al no cumplir su rol
garantista de regular y supervisar el cumplimiento de los derechos
fundamentales. La ausencia de garantías genera situaciones que exigen medidas
de reparación, tanto judiciales como extrajudiciales, las cuales son
difícilmente efectivas ante las nuevas formas de contratación global, generando
una falta de acceso a la justicia a las y los trabajadoras/es y a los pueblos.
Al mismo tiempo, ante la profundización de las formas de
producción a través de la economía digital y de plataformas, promovidas por las
ETNs, avanzan los ataques a los derechos de trabajadoras y trabajadores,
debilitando o directamente suprimiendo los mecanismos de protección social y
laboral propios de las relaciones de trabajo, construidas sobre la base de la
dependencia económica y social de quienes deben trabajar en favor de otro para
obtener un sustento personal y familiar. Frente a estas formas de imponer
relaciones laborales, reivindicamos el rol de las pequeñas y medianas empresas
como generadoras de empleo, que debe ser en condiciones de trabajo decente y
con respeto pleno de los derechos de trabajadoras y trabajadores.
La difusión del imaginario del “emprendedurismo” no es otra
cosa que un dispositivo para desconocer el vínculo laboral y las obligaciones
de los empleadores con sus trabajadores, trasladándoles a ellas y ellos, la
responsabilidad por sus propias condiciones de trabajo. De acuerdo con cifras
de Naciones Unidas, cerca del 80% de las iniciativas de emprendedurismo no
supera el llamado “valle de la muerte” o primer año de supervivencia. El manejo
de personal a través de algoritmos no puede ser la forma en que empleadores y
trabajadoras/es se relacionan, ni menos aún significar un medio de control - sin
una adecuada información acerca de los datos que se incorporan a los sistemas
de inteligencia artificial - para la toma de decisiones sobre ingreso y
mantenimiento del empleo, medición del desempeño y otros componentes de la
relación de trabajo.
Reconocemos que ante esta situación de violaciones y abusos
de los derechos laborales y humanos, se han promovido instrumentos en el ámbito
internacional, como la Declaración Tripartita de Empresas y Derechos
Fundamentales y los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos que,
si bien apuntan a limitar la violación a los derechos humanos en las empresas,
no dan cuenta de la problemática real, puesto que son voluntarios y en
consecuencia, no generan obligaciones a las empresas, sean nacionales o transnacionales,
obstaculizando el acceso real de las trabajadoras y los trabajadores a la
justicia.
En este marco, identificamos una tendencia a avanzar en leyes
de debida diligencia en los ámbitos nacionales, con las que se afirma se
persigue el objetivo de avanzar en formas de regulación. Reconocemos el avance
en la evolución de estas normas de debida diligencia, que la hacen obligatoria
para las empresas. Sin embargo, esta fórmula no supera el problema fundamental
que estas iniciativas presentan, y que es la clave de su debilidad: las
empresas estarían obligadas a conducirse con prevención y a “mitigar” los
efectos de sus acciones, pero lo verdaderamente sustantivo es que cumplan con
los derechos humanos. Poner el énfasis en la obligación de “prevenir” y no en
el “cumplimiento efectivo” de los derechos denota claramente que estamos ante
formas de debilitamiento de la garantía de los derechos humanos.
Como ocurre con el conjunto de las regulaciones de las
condiciones de trabajo, es necesario - y sería totalmente pertinente - que las
obligaciones de las empresas de cumplir con la debida diligencia respecto de
los derechos laborales sean parte de los contenidos de los convenios
colectivos. Las organizaciones de trabajadores y las empresas y sus
organizaciones deberían a través de la negociación colectiva superar las
debilidades que tiene la formulación actual del deber de diligencia.
Sería oportuno por lo tanto que mediante convenios colectivos
se precisaran las medidas a adoptar por las empresas para prevenir en cada caso
las afectaciones de los derechos, incorporando además como parte de la debida
diligencia la promoción de los derechos laborales, en especial, el
reconocimiento de facilidades para el ejercicio de la libertad sindical,
derecho a huelga y, sobre todo, adicionando sanciones efectivas frente al
incumplimiento.
Destacamos asimismo la falta de menciones claras en los foros
mundiales – incluyendo las recientes conclusiones del Grupo Tripartito sobre
Trabajo Decente en las Cadenas de Suministro de la OIT – acerca de:
a)
la necesidad de consagrar una regulación
internacional sobre las responsabilidades de las ETN por las acciones de las
empresas que integran la cadena de suministro en los países anfitriones; y
b)
El
otorgamiento de facilidades para el acceso a la justicia en la jurisdicción de
los propios países de origen de dichas empresas.
Igualmente consideramos importante citar la Resolución sobre las desigualdades y
el mundo del trabajo,
adoptada en la 109.a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo,
noviembre 2021, que sobre las Cadenas de Suministro expresa que “Pueden
impulsar el desarrollo mediante la promoción de la transferencia de tecnología,
la adopción de nuevas prácticas de producción y la evolución hacia actividades
de mayor valor añadido, lo que mejoraría el desarrollo de las competencias, la
productividad y la competitividad. Al mismo tiempo, la integración en las
cadenas mundiales de suministro ha planteado retos para el desarrollo económico
y social y para el medio ambiente, en particular para los países en desarrollo
que se encuentran en situación de gran desventaja por la falta de espacio
fiscal y margen de políticas para promover actividades de mayor valor añadido y
el desarrollo sostenible”
La CSA y sus afiliadas en coordinación con otros movimientos
aliados, apoyan la incorporación de innovaciones en los acuerdos en CGP
negociados por trabajadores, trabajadoras y empleadores para asegurar que sean
obligatorios y vinculantes, fortaleciendo el instrumento de la negociación
colectiva. Tal es el caso del Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos
Humanos, proceso que acompañamos junto a la a la CSI, los Sindicatos Globales y
otras organizaciones y movimientos sociales, como un camino que garantice el
control efectivo de las empresas transnacionales y la protección de las
trabajadoras y los trabajadores. Demandamos de los gobiernos de la región un
compromiso y actuación más decidida para alcanzar un instrumento
internacionalmente vinculante sobre empresas y DDHH en el seno del Consejo de
DDHH de la ONU.
Valoramos la invitación a participar en instancias como este
Foro. En el pasado, nuestra participación en escenarios como este ha estado
limitada, lo que condiciona el rol de los sindicatos como actores de la
democracia y portavoces de la visión sobre el desarrollo de una parte
fundamental de nuestras sociedades. No
será posible construir una respuesta satisfactoria frente a las implicaciones
para los DDHH y la democracia de la actuación de las empresas, sobre todo las ETN,
en nuestros países y en el mundo, sino se avanza en instrumentos vinculantes,
nacionales e internacionales, que le pongan controles al ilimitado poder de las
ETN.
El sindicalismo de las Américas continuará cumpliendo su
misión de representar y reivindicar los derechos de las y los trabajadoras/es,
aportando a las discusiones de política pública y usando todos los instrumentos
con los que cuenta en defensa de la democracia en nuestro continente. Reconocemos
el rol de la OIT, particularmente a través de ACTRAV, en garantizar la
participación de las organizaciones de trabajadoras/es en espacios de discusión
y negociación de políticas laborales.
Para finalizar, no podemos dejar de mencionar que nos encontramos
en Colombia, un país que ha sido golpeado por años de conflicto armado y por
políticas neoliberales en contra de las y los trabajadoras/es y del pueblo. Hoy
este país tiene la esperanza de ver un cambio con el nuevo gobierno. Como
sindicalismo internacional, venimos también a compartir la esperanza del
sindicalismo y del pueblo colombiano ante este momento histórico y a expresar
nuestro compromiso solidario de acompañamiento al proceso que recién se
iniciará en los próximos días.
