Publicado en Semanario Brecha el 5.07.2024: https://brecha.com.uy/cogobierno-o-expertos/
Hugo Barretto Ghione
Es infrecuente que los temas
tratados y las resoluciones adoptadas en los Consejos de los servicios
universitarios sean motivo de interés público y menos aún carátula de los portales
de noticias y en medios escritos. Pero a veces sucede que, en el fárrago de cuestiones
tales como solicitud de reválidas, autorización de licencias, fijación de
fechas de exámenes, llamados a concurso, reelección de docentes, etc, se cuela
un tema de impacto mediático.
Tal lo ocurrido recientemente
con la resolución en mayoría del Consejo de la Facultad de Derecho que dispuso
la creación de un “grupo asesor de expertos” que le asesore sobre la adopción
de mejores prácticas en materia de atención a consultantes del Consultorio
Jurídico con atribuciones, entre otras, para pronunciarse sobre requisitos de
admisibilidad de casos; sobre condiciones para la recepción de causas con
interés académico y con repercusión institucional; y sobre condiciones y formas
de comunicación mediática por parte de docentes en el ejercicio de su función
en Facultad de Derecho.
Las variadas capas de
“condiciones” que establece la resolución parecen evocar el relato de Kafka
“Ante la ley” en el cual un campesino que pretende atravesar las puertas de la
Ley encuentra un guardián que se interpone diciendo que no puede dejarle
entrar, y que si pese a la prohibición traspone las puertas, en cada salón
habrá nuevos guardianes, cada uno más poderoso que otro.
La sola enumeración de las
tareas que se encomienda al grupo asesor de expertos es a nuestro juicio
indicativa de la intrusión que significa al quehacer educativo, ya que a
estarse por esa profusa serie de funciones, la labor docente quedaría reducida
meramente a la atención de asuntos previamente filtrados según criterios que no
fueron suministrados en la resolución y que por tanto quedarán al albur de las
valoraciones y sensibilidades de los profesionales designados.
La resolución fue adoptada por
una mayoría importante, es cierto (7 a 2), pero a nivel docente la votaron sólo
dos de las cuatro agrupaciones, a saber, Pluralismo, del actual Decano, y Espacio
Docente Independiente (EDI), mientras que el Movimiento Universitario Renovador
(MUR), del que participan los principales referentes docentes del Consultorio,
y Por los Principios Universitarios (PLPU) votaron en contra.
La última de estas
agrupaciones hizo conocer el fundamento de su voto mediante un comunicado
inmediato, en el cual se manifestó contraria a que los expertos deban expedirse
acerca de “cómo debe realizarse el trabajo docente en el Consultorio Jurídico
de la Facultad”, cuestionando además a la mayoría del Consejo por afectar la
“independencia académica y la autonomía universitaria” en la medida que los
expertos actuarán “por fuera de las Comisiones Asesoras que con participación
de todos los órdenes universitarios funcionan en la Facultad de Derecho”.
El comunicado desliza además
una deriva que indudablemente tiene la resolución, ya que resulta extremadamente
inoportuna por coincidir temporalmente
con el tratamiento de “casos específicos de práctica forense que pudieran haber
producido controversia pública”. Todos conocemos esos casos.
Por ello algunos voceros han
aducido que la decisión luce un tanto torpe porque da lugar a interpretaciones
referidas a interferencias externas a lo puramente académico.
El comunicado de Por los Principios
Universitarios precedió a otras expresiones igualmente críticas del cuerpo
docente, de profesionales universitarios y de organizaciones de la sociedad
civil.
Así el gremio docente de la
Universidad de la República (ADUR) expresó su “más absoluto rechazo” por
significar una imposición administrativa de límites a la libertad de cátedra
consagrada en la ley orgánica, solicitando a su vez que el asunto se ventile en
el Consejo Directivo Central.
Un conjunto de organizaciones
de Derechos Humanos que incluye a Cotidiano Mujer, SERPAJ y otros también
rechazaron la medida subrayando la contradicción que supone generar alarmas
sobre prácticas docentes que tienen relación con la defensa de asuntos
vinculados a los Derechos Humanos y el acceso a la justicia.
La reacción que provoca este
control externo al funcionamiento de un área docente de la Universidad no tiene
que ver con desconocer el necesario ejercicio de la crítica como disposición a
revisar las prácticas de la enseñanza del derecho, que deben ser siempre
corregidas y mejoradas; de hecho, son conocidas en Facultad algunas observaciones
que se oponen al trabajo del Consultorio Jurídico.
Pero lo realmente objetable es
el modo de resolver esas diferencias, ya que se recurre a opiniones de expertos
cuya designación no contó con consenso y ello no en razón de las cualidades
personales de los abogados propuestos, aspecto que nada tiene que ver con el
cuestionamiento, sino que la controversia radica en el mecanismo elegido para
valorar la admisibilidad de los casos y la posibilidad del control (previo o
posterior) de los modos de comunicación con la opinión pública por parte de los
docentes.
Los puntos de vista expresados
en los distintos pronunciamientos de grupos y agrupaciones docentes han puesto
el foco en que la revisión de las prácticas docentes debe ser conferida a órganos
del cogobierno como son las comisiones asesoras integradas por los órdenes de
docentes, estudiantes y egresados. Esta posición no supone ningún tipo de
visión endogámica, sino que resulta del reconocimiento de un modo de
funcionamiento institucional asentado y aceptado.
En rigor, lejos de significar
un retraimiento sistémico, la genuina participación de los actores del
cogobierno en lugar de una comisión de expertos daría oportunidad de expresión a
los efectivos destinatarios de los cursos de práctica forense y a los egresados,
quienes podrían valorar el alcance del ejercicio de la abogacía en esos casos.
Lo que las agrupaciones
docentes actuantes que hacen mayoría desde hace años en Facultad de Derecho deberían
tomar en cuenta es que la mirada externa que se pretende implementar está dada
desde ya por el gremio docente en su conjunto – expertos y no expertos en
Derecho - y por las organizaciones sociales que han coincidido en juzgar muy severamente
lo que observan como un avance sobre la libertad de cátedra.
Ello impone la necesidad de
revisar la medida y buscar consenso para una solución distinta.
Hay veces que un solo hecho
tiene la capacidad de pintar, cuando sale a luz, cómo se conforman las mayorías
que han conducido a la Facultad de Derecho y lateralmente ilustran sobre discusiones
de fondo no explicitadas, por ejemplo, acerca de ciertas opiniones que ponen en
cuestión la institución del cogobierno universitario. Este es uno de esos casos.
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